Uber no es una compañía española sin embargo, pronto ha aprendido de la picaresca de gran parte del sector empresarial de nuestro país y es que, a pesar de que un tribunal de Barcelona haya sentenciado que la empresa hace uso de una «relación laboral encubierta» al contratar a algunos de sus directivos, lo cierto es que esto es una práctica demasiado habitual contra la que es necesario luchar, aún cuando no tengan tanto tirón como Uber.
Así, la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social en Barcelona, que obliga a la empresa a reconocer la antigüedad de otro de sus directivos, supone un duro golpe para Uber España, que siempre ha defendido en su modelo de negocio que los conductores no son empleados, sino empresas, y por lo visto, tampoco sus directivos eran empleados.
Los directivos de Uber son empleados, no empresas
La sede de Uber España se encuentra localizada en la Avenida Diagonal de Barcelona. Y hasta allí se desplazaron en varias ocasiones funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social al sospechar de la existencia de trabajadores en condiciones irregulares. Uno de esos trabajadores es Joan Pont Prats, quien desde mayo de 2014 y hasta enero de 2016 ejerció las tareas de Director de Marketing. Post participó en el despliegue de Uber en España; cumplía con un horario establecido asistiendo cada día a su lugar de trabajo y seguía las pautas marcadas por la empresa sin embargo, Uber le tenía contratado como empresa, y no como trabajador.
Letrero de Uber
De acuerdo con el magistrado del Juzgado de lo Social Número 9 de Barcelona, se trata de “un caso de relación laboral encubierta formalmente en un contrato mixto de sociedad y apariencia industrial”, de tal forma que, por la sentencia 29/2017, Uber ha sido condenada a reconocer la antigüedad de Joan Pont Prats en la empresa desde el mismo día en que entró a formar parte de ella como trabajador de facto.
Este es un caso similar al de Manel Pujol, al que Uber debe reconocer la antigüedad en la empresa ya que, como jefe de Uber Eats en España, montó la oficina y hasta se encargó de la adquisición de los teléfonos de los trabajadores. ¿Puede encargarse de esto un trabajador autónomo? La jueza consideró que no.